Se ha declarado ilegal la paralización de labores del 22 de marzo de 2012 convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial (SUTRAPOJ) y por la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial (FNTPJ), por no cumplir con el requisito de la comunicación previa. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la República mediante las Resoluciones Nº 132-2012-P-PJ y Nº 134-2012-P-PJ, respectivamente, publicadas el jueves 22 de marzo de 2012. XNT
Cabe recordar que el artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prevé como uno de los requisitos para la declaración de huelga que esta sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos con cinco días útiles de antelación o con diez tratándose de servicios públicos esenciales.
Pues bien, ni el sindicato ni la federación mencionados ha cumplido con dicho requisito, toda vez que no han comunicado con la anticipación previa de diez días al empleador, por tratarse la administración de justicia de un servicio público esencial.
Es más, el artículo 82 del citado TUO establece que cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan, caso contrario los trabajadores serán sancionados de acuerdo a ley. Los sujetos colectivos tampoco cumplieron esta disposición.
A su vez, el artículo 75 de la norma en referencia, determina que el ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre las partes respecto de la materia controvertida, lo que –a decir de la Corte Suprema- en el presente caso no se ha producido.
Es por todo ello que la dicha Corte ha concluido que las medidas de fuerza emprendidas para el día 22 de marzo de 2012 –tanto por el SUTRAPOJ como por la FNTP- devienen ilegales. Respecto de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, la declaración de ilegalidad se extiende para la Huelga Nacional Indefinida que convocó a partir del 28 de marzo de 2012.
Finalmente, la referida Corte ha dispuesto la aplicación de las acciones necesarias que permitan garantizar la atención de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como la aplicación de las medidas correctivas correspondientes en caso se verifiquen actos contrarios a los regulados por las leyes en materia laboral.
Cabe recordar que el artículo 73 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prevé como uno de los requisitos para la declaración de huelga que esta sea comunicada al empleador y a la Autoridad de Trabajo, por lo menos con cinco días útiles de antelación o con diez tratándose de servicios públicos esenciales.
Pues bien, ni el sindicato ni la federación mencionados ha cumplido con dicho requisito, toda vez que no han comunicado con la anticipación previa de diez días al empleador, por tratarse la administración de justicia de un servicio público esencial.
Es más, el artículo 82 del citado TUO establece que cuando la huelga afecte los servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deberán garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan, caso contrario los trabajadores serán sancionados de acuerdo a ley. Los sujetos colectivos tampoco cumplieron esta disposición.
A su vez, el artículo 75 de la norma en referencia, determina que el ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre las partes respecto de la materia controvertida, lo que –a decir de la Corte Suprema- en el presente caso no se ha producido.
Es por todo ello que la dicha Corte ha concluido que las medidas de fuerza emprendidas para el día 22 de marzo de 2012 –tanto por el SUTRAPOJ como por la FNTP- devienen ilegales. Respecto de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, la declaración de ilegalidad se extiende para la Huelga Nacional Indefinida que convocó a partir del 28 de marzo de 2012.
Finalmente, la referida Corte ha dispuesto la aplicación de las acciones necesarias que permitan garantizar la atención de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, así como la aplicación de las medidas correctivas correspondientes en caso se verifiquen actos contrarios a los regulados por las leyes en materia laboral.
