La experiencia nos ha demostrado que el diálogo y la concertación entre el Estado y la ciudadanía, representada en sus respectivos niveles de gobierno regional y local y otras instituciones y organizaciones, es la mejor vía para atender y solucionar reclamos y propuestas vinculados al desarrollo del país, con inclusión social y equidad.
El progreso de todos los peruanos, sin desigualdades, la lucha contra la pobreza, la construcción de un futuro con mejor calidad de vida y oportunidades, no son compatibles con la violencia ni la intolerancia.
El país también conoce que en diferentes puntos de nuestro territorio, especialmente en zonas mineras y regiones amazónicas, durante muchos años se han venido "embalsando" conflictos sociales vinculados a la pobreza extrema, el abandono, la ausencia del Estado y daños irreversibles contra nuestros recursos naturales, principalmente el agua, los campos de cultivo, los bosques y los ríos.
Ante esta conflictividad, acumulada y heredada, el gobierno del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ha decidido impulsar una política de diálogo permanente y, en ese marco, ha dado pasos fundamentales hacia el camino de la paz social y el entendimiento entre peruanos ante problemas y causas comunes.
Allí están las mesas de trabajo que vienen funcionando y rindiendo resultados positivos en diversas regiones como Madre de Dios y Apurímac, por citar solo dos casos.
La Ley de Consulta Previa y su respectivo reglamento también constituyen herramientas indispensables para garantizar el respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en nuestro país.
En torno a las protestas y reclamos que suscitó el proyecto minero Conga en Cajamarca, el Gobierno apeló al diálogo y la búsqueda de puntos de concordia, garantizando en todo momento la defensa del agua y el compromiso de impulsar planes de desarrollo para las familias campesinas involucradas en la zona de extracción.
Ante los actos de violencia e intolerancia demostrada por ciertos grupos políticos en la ciudad de Cajamarca, se suspendió el proyecto y se convocó a un comisión de peritos internacionales independientes para revisar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente para que emita un informe técnico final.
Ante el anuncio de la presentación pública del citado peritaje, el gobierno regional de Cajamarca y los grupos extremistas antes citados han anunciado una movilización para mañana miércoles, poniendo en riesgo nuevamente el orden público, la propiedad pública y privada y la seguridad de la población civil.
Esta actitud intolerante y violenta, adoptada antes de conocerse siquiera el resultado del peritaje, ha suscitado el rechazo de la propia población cajamarquina, de numerosos alcaldes provinciales y regionales y ha motivado un llamado a la calma y la responsabilidad por parte de monseñor Luis Bambarén, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
En el Congreso de la República también existe un consenso por la paz en Cajamarca, que incluye a bancadas de la oposición, como requisito indispensable para el desarrollo y progreso de tan importante región del país. De acuerdo a los pronunciamientos, las autoridades regionales de Cajamarca deben ser conscientes de su responsabilidad histórica y deben gobernar a favor del pueblo que los eligió. No hay desarrollo sin paz social.
