Mayoría de demandas es del sector minero, seguido de hidrocarburos
Colegiado es última instancia administrativa en los procesos del OEFA
El Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene como meta para este año resolver los aproximadamente 150 expedientes sobre sanciones por infracciones remitidos por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), reveló el presidente de este colegiado, William Postigo de la Motta.
Sostuvo que la eliminación de esta carga procedimental previa a la que conoce el tribunal, como segunda instancia administrativa del OEFA, se realizará sin dejar de atender los nuevos casos que ingresen producto de las apelaciones que interponen las compañías mineras ante las multas impuestas por la Dirección de Fiscalización Ambiental.
A la fecha el colegiado, a cargo de Postigo de la Motta, maneja un aproximado de 250 expedientes de apelación de multas tanto en materia de minería como en el ámbito de hidrocarburos, en que figura la carga remitida por el Osinergmin.
"El mayor número corresponde al sector minero y unos pocos al rubro de hidrocarburos, siendo las principales infracciones el incumplimiento de los límites máximos permisibles, así como el incumplimiento de compromisos que se derivan de los estudios de impacto ambiental", comentó.
No obstante, detalló que también hay casos de apelaciones de multas por emisiones y vertimientos no autorizados que fueron impuestas como consecuencia de las acciones de supervisión que realizó tanto el OEFA como el Osinergmin en su momento.
Constitución y actuación
El tribunal está formado por cinco vocales, incluyendo al presidente, pudiendo constituirse de acuerdo con la ley salas especializadas a medida que aumente el número de casos. Por el momento, refirió Postigo, solo existen expedientes sobre multas en minería e hidrocarburos, pero próximamente el tribunal conocerá en apelación procedimientos sancionadores en industria, pesquería y otros sectores.
De acuerdo con la ley, el tribunal tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver cada caso puesto a su conocimiento en apelación por las empresas sancionadas, considerando que opera el silencio administrativo negativo por estar de por medio la materia ambiental.
La finalidad del Tribunal de Fiscalización Ambiental, de esa manera, es contribuir a asegurar que la normativa ambiental se cumple adecuadamente, garantizando una mejor calidad ambiental para el ciudadano.
Alistan primer precedente
El presidente de este tribunal, William Postigo de la Motta, adelantó que su colegiado alista la aprobación de su primera jurisprudencia vinculante.
"Nos hemos constituido en julio pasado y en este momento estamos procesando un caso respecto del cual queremos establecer un precedente vinculante, pero por el momento lo más razonable es esperar un tiempo prudencial".
Más aún, aseveró, tomando en consideración que recién conviene establecer un precedente vinculante cuando ante la tramitación de diferentes casos se presentan algunos repitentes de manera sistemática.
En la actualidad, refirió, el colegiado bajo su presidencia es autónomo e independiente de los criterios con los cuales resuelve los casos puestos en su conocimiento.